Honor público y elecciones
El honor público es la opinión de los demás respecto de si la persona que ocupa un cargo público posee las cualidades para ejercerlo, en el marco legal establecido para ello. Si ese cargo es por elección popular, se entiende que sus votantes confían en los resultados de la gestión pública de la persona elegida. De no ser satisfactorios de acuerdo con la expectativa, el honor de ejercer el cargo se verá disminuido, en demérito de la realidad que, se asume, debe mejorar en pos del bien general.
Visto así, la legitimidad y el honor van de la mano al ejercer un cargo de elección popular. Sin embargo, perder legitimidad no siempre se corresponde en el mismo grado que el honor, pues un gobernante electo puede perder legitimidad, aunque su honor público se mantenga, pues la masa electora no es homogénea, y al cambiar en el tiempo puede mellar la legitimidad del gobernante, al encararle la pobreza de resultados, o reprocharle un error de juicio en sus decisiones, mas no las cualidades originales que lo llevaron al cargo.
El honor, al tratarse de la opinión colectiva sobre una persona, puede cambiar de un momento a otro. De ahí que los gobernantes busquen legitimar ese honor con distinciones hacia su persona, resultados de efecto inmediato y mantener ese ánimo general con un discurso progresivo (no necesariamente progresista) encaminado a sumar opiniones positivas hacia su gestión.
Curiosamente, quienes han perdido ese honor tienden a desaparecer del escenario público, y en algunos casos reaparecen en coordenadas morales diferentes, como prueba de un cambio en las cualidades originales que los llevó a desaparecer. Hay de todo.
Sin embargo, hay gobernantes que no quieren o no saben (o no les importa) que el honor de su investidura haya decaído, al grado de que pueden llegar a ser defenestrados por los electores que en su inicio los eligieron. Esos son los peores, pues gobiernan de espaldas a quienes deben escuchar con sensibilidad, cualidad que suele ofrecerse para el ejercicio de un cargo público; son los peores porque su actitud no es ideológica ni puede encasillarse en la naturaleza de las agrupaciones políticas que buscan impulsar candidatos a ejercer esos cargos en el siguiente periodo de renovación; esa actitud es un defecto de personas, no de colectividades, pues solo las personas ejercen valores reconocibles en conductas observables.
Todo esto sale a cuento porque a principios de junio de 2024 la población habrá de decidir la renovación de cargos de elección popular en los ámbitos local y federal. Será necesario conocer, observar y decidir sobre las personas que se postulen a cualquier de esos cargos, aun cuando, desafortunadamente, por el diseño de los periodos de campaña, no tengamos a la mano los elementos suficientes para formarnos una opinión efectiva sobre las personas; pero es necesario intentarlo, para evitar errores de apreciación, comprobables una vez que conozcamos los resultados de su gestión.
Ahí está la responsabilidad de la persona electora: optar por los mejores gobernantes. Cumplamos esa tarea con la seriedad a que nos obliga nuestra realidad: hay mucho que arreglar todavía para ser una mejor sociedad.
